Sistema legal de Ecuador manipulado en caso presentado por la empresa de Rinehart, encuentra investigación
El Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador confirmó la presencia de irregularidades y manipulación del sistema informático judicial en la Acción Protectora que permitió a la filial de Gina Rinehart, Hanrine, ingresar por la fuerza a la localidad de Buenos Aires el pasado 3 de agosto.
La investigación fue realizada por la Dirección Nacional de Transparencia Gerencial luego de que el asambleísta Mario Ruíz presentara una denuncia formal el 18 de agosto por preocupaciones sobre el caso que Hanrine presentó a la Unidad Judicial de la Familia, la Mujer y la Adolescencia en septiembre.
“ Teníamos el presentimiento de que había corrupción en el proceso que autorizó el uso de la fuerza contra la población para que la empresa pudiera entrar, y lamentablemente teníamos razón ”, dice Yuly Tenorio , abogada del pueblo de Buenos Aires.
La investigación reveló que hubo varias irregularidades y omisiones en la Operación de Protección que autorizó a la Policía Nacional a despejar una ruta a través de la ciudad para que la compañía minera pudiera pasar. En la madrugada del 3 de agosto, durante el operativo policial , 900 agentes de la Policía Nacional emplearon fuerza excesiva contra los habitantes pacíficos de la ciudad, incluyendo gases lacrimógenos.
El juez de proceso suele asignarse a través de un sistema de lotería, sin embargo en esta instancia el caso fue asignado directamente por Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, una funcionaria judicial que ya había recibido sanciones administrativas por irregularidades en otro caso.
“ Ningún otro juez iba a autorizar la represión indolente de personas que ejercían su derecho a la resistencia, respaldado por una medida cautelar ganada por el pueblo para que la empresa se retirara ”, afirma Yuly Tenorio.
Esta revelación llega apenas una semana después de que se descubriera que Hanrine había pagado a manifestantes progubernamentales durante una concentración. Desde el martes 19 de octubre, se han sucedido en todo Ecuador enormes protestas contra el gobierno por la corrupción y el aumento del precio de los combustibles.
“ Las acciones de Hanrine en Ecuador han sido preocupantes desde el principio. Han seguido introduciendo agresivamente maquinaria minera en la zona a pesar de la resistencia de los lugareños, quienes afirman que nunca fueron consultados sobre la mina en sus tierras ”, dice Rebekah Hayden, escritora e investigadora del Rainforest Action Group, un grupo de defensa que investiga las acciones de las compañías mineras australianas en Ecuador . “ Funcionarios públicos han sido amenazados por empleados de Hanrine, y cualquiera que se resista a la minería es llevado a juicio por la compañía por obstruir ‘sus derechos constitucionales’ ”.
“ El artículo 398 de la Constitución ecuatoriana garantiza a las comunidades el derecho a una consulta ambiental previa antes de que se inicie cualquier proceso extractivo. Esto no ha ocurrido en ninguna parte del país ”, afirma Peter Shear, director de APT Norte, una organización ambientalista y de derechos humanos que opera en Ecuador.
El diputado Mario Ruíz, que presentó la denuncia formal, afirma que el informe del Poder Judicial “ confirma nuestras sospechas y desenmascara la forma en que los abogados de la empresa Hanrine operan mediante fraude, tergiversación y compra de conciencias ”.
Luego de las revelaciones de la investigación, la Dirección Provincial de Pichincha abrió un expediente de instrucción para determinar acciones disciplinarias y aplicar las sanciones correspondientes a la funcionaria Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, el juez Byron Andrés Vallejo Naranjo y Carlos Mesías Huilca Aguila, quien se desempeñó como secretario de el caso.
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