Carlos De Miguel III, Gerente General de Hanrine Ecuadorian Excploration and Mining SA, una subsidiaria de Hancock Prospecting de Gina Rinehart, fue detenido por la policía por un supuesto alijo ilegal de armas. El Sr. De Miguel fue encontrado con varias pistolas, rifles y más de 9,500 rondas de municiones.
Un portavoz de Hancock en Australia dijo en un comunicado que Carlos de Miguel tenía "los permisos correctos para estas armas que fueron aprobados por el Ministerio de Defensa ecuatoriano. El portavoz continuó señalando que "la seguridad de los empleados en Hanrine es muy importante para Hancock Prospecting Pty Ltd (HPPL), y los ejecutivos de HPPL visitan el proyecto de vez en cuando, su seguridad mientras visitan Ecuador también es importante".
El descubrimiento del alijo de armas plantea una pregunta obvia; ¿Por qué se considera que Ecuador es tan inseguro que los ejecutivos de Hanrine necesitan poseer armamento tan avanzado y grandes cantidades de municiones?
Para comprender los riesgos soberanos de hacer negocios en Ecuador, debemos abordar la historia de las concesiones mineras de Hanrine y la controversia que rodea su compra, así como los peligros de operar tan cerca de la inestable región fronteriza colombiana.
Hanrine obtuvo seis concesiones exploratorias (que suman un total de 27032 ha) ubicadas justo al sur de la concesión Cascabel de Solgold-Cornerstone, en enero y marzo de 2018. Según informes de los medios ecuatorianos, Hanrine recibió estas concesiones mineras de forma controvertida después de que el gobierno se hubiera comprometido previamente a suspender el catastro minero y cancelar más de 2000 concesiones mineras.
El 11 de diciembre de 2017, el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, anunció su cambio de dirección en la política minera luego de un levantamiento de grupos indígenas y protestas masivas lideradas por el Prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez; junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Grupos indígenas encabezaron una larga marcha desde la provincia de Zamora hasta la capital, Quito, en defensa de las cuencas hidrográficas y contra las grandes industrias extractivas . Las protestas paralizaron la capital y provocaron la renuncia del exministro de Minería, Javier Córdova, quien no había logrado detener la asignación de concesiones mineras durante el período en disputa.
Las protestas nacionales finalmente condujeron a un referéndum popular en febrero de 2018 en el que los ecuatorianos aprobaron, entre otras propuestas, prohibir la extracción de metales en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. El presidente Moreno incluso declaró públicamente que la minería había dejado cien ríos "severamente" contaminados en el país.
Además, la prensa ecuatoriana ha expresado su preocupación por el proceso mediante el cual Hanrine obtuvo estas seis concesiones en disputa en tan solo unas pocas semanas, en lugar de los ocho meses o más que suele requerir la obtención de títulos mineros. El 27 de septiembre de 2018, el diputado de Imbabura, Marcelo Simbaña, formalizó una denuncia ante la Contraloría General del Estado por irregularidades en la adjudicación de las concesiones mineras a Hanrine.
En febrero de 2018, apenas un mes después de otorgar a Hanrine las concesiones en disputa, se declaró el estado de emergencia en Buenos Aires. La policía y el ejército fueron movilizados para confiscar cientos de toneladas de material minero y expulsar a los mineros ilegales y a los grupos rebeldes fuertemente armados que habían impedido a los trabajadores de Hanrine acceder a sus áreas de concesión.
Las concesiones de Hanrine se ubican peligrosamente cerca de la frontera con Colombia, una zona conocida por el narcotráfico paramilitar, la corrupción y el lavado de dinero. La región ha sido escenario de importantes disturbios, con miles de mineros ilegales, varias muertes (incluida la de un niño de 14 años) y denuncias de crimen organizado, narcotráfico y redes de prostitución que operan paralelamente a la minería ilegal. Tras numerosos arrestos por minería ilegal, los mineros artesanales formaron la Unión Nacional de Mineros de Ecuador en El Triunfo (agosto de 2018) para exigir la legalización de sus operaciones mineras a pequeña escala en las concesiones de Hanrine.
En julio de 2019, se organizó una operación militar a gran escala para acabar con la minería ilegal, el crimen organizado y la violencia que esta generaba, con resultados desiguales. Es evidente que la filial de Hancock Prospecting opera en un entorno empresarial sumamente peligroso y complejo, enfrentando una fuerte oposición de mineros artesanales , grupos indígenas y ONG ambientalistas, unidos en su rechazo a la minería a gran escala en la región.
En un giro inesperado, Hanrine también se enfrenta a un gobierno cada vez más hostil. La tensión entre el Gobierno ecuatoriano y Hanrine va en aumento. Según el denunciante, la detención de Carlos De Miguel es un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente de la empresa que representa, "debido a los claros y evidentes intereses privados de la ministra [María Paula Romo], quien a su debido tiempo tendrá que dar explicaciones al país".
¿Hay un desafío legal entre Hanrine y el gobierno ecuatoriano en el viento?
Estén atentos para futuras actualizaciones sobre esta batalla legal de alto riesgo actualmente en curso en Ecuador.
Artículos completos en inglés aquí y aquí , y fuentes en español aquí y aquí.